El doctor José García, asesor letrado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, dijo que es una “compleja situación” la que se está dando con la falta de stock de combustible en la región por bajante de riacho Barranqueras.
Indico que ello “viene a sumarse al aumento de los costos de los combustibles, al racionamiento que en cierta forma se viene imponiendo desde el Gobierno Nacional a las estaciones de las provincias, ya que se ha aprobado una norma mediante la cual hasta cierta cantidad de combustible las estaciones de servicio la venden a un valor y después, cuando se agota ese stock, a los estacioneros mismos les cobran más, por lo tanto esto se traslada también a los consumidores».
«Nosotros prevemos que esta situación impactará enormemente (en la ciudadanía) teniendo en cuenta que el principal medio de transporte de mercadería es por vía terrestre, con lo cual precisan del combustible y al cortarse la cadena de abastecimiento del mismo puede llegar a afectar al transporte y en un mayor orden de desabastecimiento de productos de primera necesidad», expuso.
Denuncio “la total falta de previsión por parte del Gobierno Nacional en este tipo de situaciones, que nos colocan en un panorama muy difícil porque no solamente se trata de la falta de combustible, sino también de las consecuencias que ello puede llegar a acarrear en el abastecimiento de insumos indispensables».
A su vez, advirtió que “vemos todo esto como una administración que mira sólo hacia Buenos Aires y las provincias, lamentablemente, estamos ocupando, como hacía mucho tiempo atrás ya no lo hacíamos, el patio trasero del país. Y estas situaciones si no son ignoradas son por lo menos minimizadas por las autoridades nacionales».
Considero un “ despropósito que tengamos que estar esperando que llueva así se incrementa el caudal del río para poder disponer de un producto tan esencial como lo es el combustible».
Por otra parte y acerca de las nuevas disposiciones nacionales para adjudicación de viviendas, opino: «Consideramos a esta nueva metodología altamente discriminatoria por el hecho de que hoy en día una familia para no ser pobre tiene que tener un ingreso del orden de $17 mil, entonces si una familia cobra $21 mil, si hacemos simple matemática veremos que se deja afuera a un montón de gente».
Insistió en que “nos parece una norma discriminatoria, que no atiende a una gran franja de nuestra sociedad y que no solamente está en la necesidad de acceder a una vivienda propia, sino que la puede pagar».
A su vez, considero “un sinsentido ya que si se quiere tener un criterio de selección para la adjudicación de la vivienda puede tenerlo y decir quién irá primero, priorizando los de menos recursos y mayores necesidades, pero no dejar afuera a franjas sociales que también tienen la necesidad y no pueden acceder por el alto valor de los inmuebles o de la construcción misma».
Dijo finalmente García “hicimos ante el Gobierno Nacional el planteo correspondiente. Veremos qué nos contestan, pero en estas cuestiones hay mucha falta de sensibilidad, por ahí nuestras notas ni siquiera son contestadas».
