Alertan por la baja de pensiones

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La directora de Personas con Discapacidad, Liliana Saavedra, consideró que “se está dando un paso atrás” con la decisión del Gobierno Nacional de lanzar un nuevo sistema de control de las pensiones de discapacidad.

Un decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad, publicado este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 268/2018, crea y pone en marcha un nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En la práctica esto representa un control sobre presuntas irregularidades de quienes están cobrando este beneficio.

Desde las organizaciones sociales vinculadas al sector de discapacidad expresaron su preocupación por la medida, ya que creen que podría derivar en la suspensión de pensiones de personas que las necesitan.

Explicó Saavedra que “la Resolución 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad señala que se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades del Decreto 432/97 de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral”.

“Las incompatibilidades están establecidas en el Decreto 432/97, son muchísimas, lo que la gente tiene que hacer cuando va al cajero fijarse en el recibo si hay alguna notificación de incompatibilidad, caso contrario continuarían cobrando”, precisó.

Expuso que “según dijeron desde la Nación, van a hacer las notificaciones desde los domicilios. Luego de que se recibe la notificación hay un plazo de diez días hábiles para ejercer el legítimo derecho de defensa y ofrecer pruebas que avalen que necesita esa pensión”, advirtiendo que “lo más grave es que si no se interpone la defensa en esos diez días se pierde la pensión”.

Entre algunas de las incompatibilidades mencionó no tener bienes, ingresos y recursos que permitan la subsistencia del beneficiario o la de su grupo familiar, no tener parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que teniéndolos se encuentren impedidos para hacerlo, entre otros. “O sea, prácticamente tenés que estar en un estado de indigencia porque si hacemos lugar a este Decreto que es viejo, no aplicable a esta época, prácticamente hay que ser un indigente para poder cobrar esa pensión”, reprochó la funcionaria.

Consideró que con la medida “están dando un paso atrás” e informó que en ese sentido en su última asamblea los miembros del Consejo Federal de Discapacidad solicitaron una audiencia con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, para tener más precisiones sobre este tema. “Nos dieron la audiencia para el 18 de octubre próximo en la Casa Rosada, con lo cual el período de los diez días ya queda sobrepasado”, reprochó Saavedra.

Alertó diciendo que “el sistema que sostiene a las personas con discapacidad de las provincias está llegando al límite de poder soportar la presión de la desatención nacional”, criticando a la Nación por “el desconocimiento del problema de la discapacidad y de la vulnerabilidad de sus derechos de este sector que es muy particular, no sólo eso, sino de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y en nuestra Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad a la cual se adhiere la Argentina”, finalizó.

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