Piden a Nación no negar pensiones por discapacidad a Menores, personas con cáncer, sindrome de down, hiv

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Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se solicitó a varias esferas nacionales “a que se abstengan ordenar o instrumentar por cualquier medio acciones o gestiones que tengan por objetivo negar las pensiones por discapacidad a los menores de edad bajo el pretexto de que no tienen incapacidad laboral; igualmente de crear nuevos requisitos para que los mismos no puedan acceder a este beneficio o a otros bajo pretextos absolutamente Inconstitucionales, arbitrarios y que van en contra de los mas esenciales derechos humanos de las personas afectadas”

Es que desde aproximadamente el mes de enero de este mes, las Autoridades Nacionales comunicaron a los trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito. Allí se detalló que las liquidaciones a los menores de edad deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores los analicen nuevamente caso por caso.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad admitieron que esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”. También se detallan los nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras patologías. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.

En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte. Desde el Organismo de la Constitución, se denunció que este inhumano e inentendible recorte llegó 11 meses después de que la cartera que conduce Stanley intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones, aunque la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno Nacional a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.Tras esa primera derrota legal, el Gobierno Nacional busca ahora otra forma de concretar su ajuste en el sistema de seguridad social.

El que los 20 mil expedientes vuelvan a ser sometidas a revisión pone un freno a las pensiones que esperan desde hace un año para ser concedidas, por lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se podrían llegar a retrasar entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.

 

 

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