El ex intendente de la ciudad, el ingeniero Fernando De Vido, que además testifico en el juicio oral y público a quien fuera jefe comunal entre los años 99-03, Gabriel Hernández (UCR) aseguró que respondió todas las preguntas que le formularon los jueces del tribunal en el marco de las audiencias donde este último fue juzgado por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y peculado,
Se trata del juicio contra el ex jefe comunal por delitos vinculados a su gestión pública durante 1999-2003, donde fue mandatario de la capital provincial, la justicia investiga el destino de $80 mil que llegaron a las arcas municipales en concepto de subsidio del gobierno nacional, sin destino conocido hasta el momento.
Según explicó De Vido “el faltante fue descubierto cuando asumió la intendencia y recibió una intimación del ministerio de Acción Social de la Nacion.
“Ese dinero fue retirado, no fue rendido, nos intimaron una vez que nosotros tomamos la gestión. Entonces buscamos que se había hecho con ese dinero (en la gestión anterior). Hay que aclarar, aunque hayan pasado 13 años, cuando recibimos la gestión, no recibimos ninguna documentación del doctor Gabriel Hernández. Hay una denuncia del Tribunal de Cuentas sobre faltante de rendiciones que hay que hacer legalmente”, precisó.
Dijo que “desde entonces comienza un proceso de investigación, nosotros aportamos las pruebas, que ratifiqué en el juicio, le conteste a los jueces del tribunal las preguntas que me hicieron”, advirtiendo que “están buscando con estas operaciones mediáticas frenar la acción de la justicia”, lamentó.
Consideró “con distintos argumentos pretenden deslegitimar la justicia”, y recordó que al asumir como intendente se encontró con “importantes deudas salariales que dejó Hernández: pagar tres sueldos y cinco medio aguinaldo a los empleados municipales”.
“Además no abono los salarios a secretarios municipales de su gestión, y como no teníamos los comprobantes de si habían cobrado o no, les hemos pagado nosotros”, afirmo, indicando que “todo esto y otros datos hemos ratificado todo en el juicio” precisó.
Respecto a esos 80 mil pesos, dijo que “tuvimos que devolver, al no poder rendir ante Nación”, recordando también que al asumir, “no sólo no tenía muebles en mi oficina- debieron prestarle los concejales- sino que el intendente saliente no dejó la documentación necesaria para continuar la gestión”.
“Esperamos que se haga justicia que los jueces puedan tomar las medidas que se prevén en la normativa legal. Los jueces tienen el criterio para saber sancionar a quien ha cometido una irregularidad, somos respetuosos de esas cosas nosotros”, aseguró.
