Advierten sobre pretensión de confundir a usuarios ante “subas nacionales irracionales”

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La Defensoría del Pueblo de la Provincia advirtió ante las afirmaciones del concejal por nuestra ciudad Miguel Montoya, de que: “tan solo en febrero se les cobró a los usuarios formoseños indebidamente más de 18 millones de pesos”; el Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca le peticionó por escrito que le proporcionara las documentaciones o antecedentes que avalaran su denuncia, pero no lo hizo, por lo que advirtió la intencionalidad de confundir a los usuarios que se pretende hacer.

Advirtió el ombudsman que en lugar de colaborar con el Organismo de la Constitución, primero el edil se negó rotundamente a notificarse y por ello el día viernes 13 tuvo que ser informado en su oficina del Concejo Deliberante, sin que hasta la fecha haya aportado elemento alguno que nos permita concretar las denuncias administrativas y judiciales correspondientes.

Recordaron desde la Defensoría del Pueblo que este concejal fue el que presentó un proyecto de ordenanza por el cual en su Artículo 2do. solicitó que se inste al Defensor del Pueblo a reclamar a la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica “REFSA S.A.”.

Gialluca afirmó que en esta última semana, “lamentablemente han sido varios los representantes de los ciudadanos que realizaron afirmaciones tendenciosas, con el único objetivo de confundir en lugar de asesorar debidamente a los vecinos, puesto que en la actualidad, la grave problemática originada por el Gobierno Nacional a través de su ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, quien continua habilitando tarifazos insensatos en la energía eléctrica, el gas y los combustibles con el acompañamiento del Poder Ejecutivo Nacional, “viene siendo motivo de planteos, reclamos y denuncias para encontrar una solución a un servicio público esencial, ligado directamente a los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, hasta por parte de gobernadores ya no solamente del NEA sino también de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, que están pidiendo al Gobierno Nacional,-una pronta disminución de los costos de la generación y transporte de la energía eléctrica pues ni los usuarios, menos aún las PYMES y  las distribuidoras provinciales pueden encontrar un equilibrio en sus economías que les permitan pagar el servicio y sobrevivir-“.El Defensor del Pueblo anticipó que estamos trabajando con todas las Defensorías del País y ya se le ha presentado al Ministro Aranguren una formal Actuación en la cual se le demuestra y prueba que la mayoría de los hogares argentinos sufren de “Pobreza Energética” pues necesitan gastar hasta el 20% de sus ingresos totales en energía y un 30% para aquellos hogares en situación de extrema pobreza.

Es que el concepto de pobreza energética también ha sido advertido por el propio gobierno nacional. Ahora bien, en la Argentina existe la “tarifa social”, que con datos de 2017 alcanza a 4.1 millones de hogares. Pero la tarifa social está basada sólo en criterios de ingresos, pertenencia a planes sociales, inscripción al monotributo social, certificación de discapacidad, seguro de desempleo, etc.Es decir, no existe relación entre la tarifa social y los consumos de la energía según las exigencias que imponen las condiciones geográficas y las latitudes con climas extremos de nuestra región. Por tanto, un hogar que no reúne las condiciones para acceder a la tarifa social, igualmente puede serpobre en materia energética porque sus necesidades obligadas de consumo de fluido lo ponen en esa situación, no querida ni buscada. En efecto, el objetivo que persiguen las Defensorías del Pueblo sería instalar una nueva categorización que, sin perjuicio de la aplicación de la tarifa social, permita incluir más hogares en un tratamiento diferenciado sobre la base del concepto de pobreza energética, que podría tener por resultado un subsidio direccionado a mantener tales hogares bajo la línea del 20 por ciento de afectación de sus ingresos familiares destinados al consumo de energías. La pobreza energética es la situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.

Es la dificultad en el hogar para satisfacer sus necesidades básicas de energía y se traduce en impactos sobre el bienestar de las personas que lo habitan como falta de confort, reducción de la renta disponible para otros bienes y servicios, malas condiciones de habitabilidad, riesgo de impago y desconexión. El concepto de la pobreza energética difiere en función del grado de desarrollo de los países; en los desarrollados se trata de un problema de sobreesfuerzo o capacidad de pago de las facturas de la energía, no de acceso, mientras que en los países en vías de desarrollo, se trata de un problema deacceso a fuentes de energía modernas comoelectricidad o gas, más que a la incapacidad de asumir su pago. En ambos casos hay desigualdad energética y afecta a sus condiciones de vida. Las causas que generan esta precariedad energética son diversas, si bien existen tres factores fundamentales:  Precios elevados de la energía• Bajos ingresos del hogar• Calidad insuficiente de la vivienda; todo esto recrea una vulnerabilidad energética que en los últimos dos años no es patrimonio exclusivo de la provincia de Formosa, sino como se puede ver en la realidad, es algo que viene dándose lamentablemente en todo el país.

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