Acusan al gobierno nacional de desentenderse de la educación publica

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“El decreto 52/2018 con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y de los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Alejando Finocchiaro (Educación), es lisa y llanamente la decisión del gobierno nacional de desentenderse de financiar la educación pública”, afirmo la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

Denuncio que el referido instrumento legal “es inconstitucional y seguramente los gremios así lo plantearan, ya que, la paritaria nacional no solo se convoca para discutir el aspecto salarial, sino que principalmente para discutir la inversión educativa en las provincias y en este caso, nuestra educación necesita cada día que pasa de más y mayores inversiones porque no solamente existen una inflación que es permanente, que no se controla sino que además crece la población educativa y obviamente crecen también las niñas, niños más desposeídos y marginados donde el Estado Nacional posee una obligación que lo determina la propia Constitución Nacional”.

El Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca denuncio que “lo más polémico es el cambio del artículo 7, que reglamenta a la Ley de Financiamiento Educativo, estableciéndose que en la mesa de discusión se hablará de cuestiones como “Condiciones de ingreso a la carrera docente”, régimen de vacantes”, “jornadas de trabajo”, “derechos sociales y previsionales”, entre otros puntos.

Además señalo que “es cierto que no menos importante es todo lo relativo a la retribución mínima que deben tener los trabajadores docentes ya que las previsiones en cuanto a la inflación nadie las puede determinar y esto a quedado demostrado con los distintos recálculos que se han hecho hasta la fecha”.

Concluye  establecer determinados “pisos de porcentajes” devienen en medidas que a futuro producirán inconvenientes en el sector, y lo que no queremos este año es que los alumnos del sector público de la educación, pierdan números días de enseñanza como consecuencia de las medidas de fuerza que adoptarían los gremios en lucha por sus derechos salariales que son absolutamente legítimos”.

 

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