La Defensoría pidió a la justicia federal el desalojo de quienes cortan la ruta 81

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La Defensoría del Pueblo pidió a la Justicia Federal el desalojo de las personas que se encuentra cortando la ruta nacional 81 a la altura de Las Lomitas. Alude a que el Fiscal Federal 2, Luis Benítez, recibió del asesor Letrado de la Municipalidad lomitense,  Freddy Peralta, un informe donde se expresa que todos los integrantes de la comunidad Wichi de la Colonia Muñiz como así también las demás habitado por pueblos originarios de la Jurisdicción, son abastecidas con absoluta normalidad de agua potable en cantidad y calidad mediante camiones cisternas los cuales se aprovisionan de la planta de agua potable que posee el SPAP de dicha ciudad.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, rechazo las conductas y actitudes marginales de los originarios Eulalio Zaracho, Pedro García y otros , por lo cual pidió directamente al Fiscal Federal N2 que los cite bajo apercibimiento de ley a concurrir a declarar e informar a las autoridades judiciales competentes cuales son las causas y motivos que los llevan a cometer un delito claramente tipificado por el Código Penal y que en dicho acto ya sean imputados de encontrárselos culpables, pues no es posible que miles de formoseños que trabajan diariamente tengan que soportar cortes de ruta en los mismos lugares y por las mismas personas.

“Ofrecemos, -señalo el funcionario- a nuestro Organismo de la Constitución, para mediar con el municipio de Las Lomitas, pero nada amerita que se impida la libre circulación de bienes y de personas”, afirmo.

Aclaro que “ya no se trata de que haya caminos alternativos o atajos que no son seguros y que los usuarios de las rutas seamos los rehenes de quienes no cumplen con las leyes y siempre terminan siendo beneficiados sin trabajar y sin aportar absolutamente nada para nuestra comunidad  y en esto que nadie nos acuse de criminalizar las protestas sociales, puesto que estos cortes de ruta, reúnen las características de extorsivos, con matices políticos, extremos estos que el ciudadano que paga impuestos y trabaja todos los días, no tiene por qué soportarlos y para ello están las fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional y la Justicia Federal, “para ordenar inmediatamente el desalojo de estas personas”.

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