El ODEPOE señala que partidos políticos deberían tener en cuenta los antecedentes de sus candidatos

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El Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE), que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, conforme al estatuto de su creación, tiene entre sus fines el de velar por la transparencia de los actos eleccionarios y resguardar los derechos políticos de toda la ciudadanía.

En tal sentido el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que “con seguridad para las próximas elecciones del 22 de octubre se implementara nuevamente el sistema de -Controles Biométricos- por parte de la Cámara Nacional Electoral, debiendo tenerse en cuenta que si bien no es un procedimiento obligatorio para el elector, ayuda a todos los actores del proceso electoral a obtener la mayor transparencia en los comicios y en caso de encontrarse algún obstáculo, no se puede impedir el ejercicio del sufragio a los ciudadanos”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “sería sumamente útil que existiera una entidad, independiente a las agrupaciones políticas, que informara adecuadamente al electorado, de los antecedentes de los candidatos que propone, pues estimamos que, cuanto menos, la proposición de personas con antecedentes penales, por delitos graves, son datos que los electores deberían conocer pues, seguramente, para los que se hallan en condiciones de sufragar no resulta lo mismo el apoyar para un cargo electivo a candidatos que no poseen los mismos, que a aquellos que se encuentran involucrados ya sea por la justicia criminal o por la civil”.

Para citar un caso concreto, desde el -ODEPOE- refirieron que “el actual candidato Enrique Eduardo Ramírez, quien también ocupa un cargo local del ministerio de Trabajo de la Nación y hasta el propio Apoderado Legal de uno de los espacios políticos más importantes de nuestra provincia, donde se encuentra el ciudadano German Daniel Villalba, abogados, han sido denunciados ante el Organismo de la Constitución”.

Aluden a que han recopilado una serie voluminosa de antecedentes de causas judiciales tanto en sede de la justicia civil, como de la penal y en el cual el primero de los nombrados antes, “aparece ejecutando unas 50 demandas aproximadamente de documentos – pagares – cuyo origen devendría del Estudio- Financiera del señorr German Daniel Villalba, quien también ocupa un cargo de una delegación de Nación en nuestra provincia”.

“Las personas damnificadas, acercaron a la nstitución los antecedentes suficientes, “que permitieron corroborar los hechos denunciados en los estrados de la Justicia y donde se ha podido probar fehacientemente las alteraciones e irregularidades en las pretensas ejecuciones de cobros de sumas de dinero a través de adulteraciones de documentos”, afirmaron.

Advirtieron que “de los reclamados, en las causas penales se determinó que los demandados no firmaron nada e inclusive, en algunos casos, los embargos y los descuentos les llegaron directamente a sus haberes, siendo la mayoría humildes trabajadores municipales del interior provincial, como Eduardo Molina, a quién sin deber dicha suma se le descontaron $11.960 de su sueldo; a Milcíades González, fueron $ 20.000; a Ignacia Alfonso, del paraje Dos Bocas, la suma de $ 14.900 , con más 7 mil pesos en concepto de honorarios de los abogados, y otros casos más”.

Sostuvo el Defensor que “La temeridad en el accionar llegaba a tal extremo, que las notificaciones las hacían en domicilios falsos, para que los damnificados no pudieran legalmente defenderse”.

Desde el -ODEPOE- no se comprende como “una agrupación política que precisamente pregona la impunidad cero” pretende que el Señor Enrique Ramírez, quien se postula en tercer lugar para diputado provincial, sea bien recibido en la Legislatura, cuando la misma Asociación del Personal Empleado Legislativo de Formosa (APEL), ha denunciado una supuesta estafa de la que fueron víctimas asociados de la entidad por parte de la financiera antes citada, dado que se realizaron alrededor de otras 40 ejecuciones a trabajadores legislativos y se embargaron haberes por préstamos ya descontados y pagados hace tiempo”.

Respecto a esta situación, remarcó el Secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García, “conforme a los antecedentes judiciales que obran en nuestro poder, ya recayó Condena Penal y ahora se entablan Acciones Civiles para reparar los daños y perjuicios que su marginal accionar ha causado, y es por ello que Institucionalmente, sugerimos deberían darse a conocer estos antecedentes, de la manera en que lo hacemos, para que la ciudadanía conozca las referencia de todos aquellos que se postulan para diferentes cargos electivos”.

“Los citados hechos son un ejemplo de cómo tampoco funcionan los Organismos de Ética de los distintos partidos políticos en nuestro país, pues de igual manera, debe hacerse con cualquiera de los candidatos condenados por delitos graves o con antecedentes; pues no considerar tales extremos en las puertas de una elección, constituye incurrir en una “estafa al electorado en general”; a lo que se le suma además todo lo referente al sistema de financiamiento de los partidos políticos, ya que el vigente no es respetado por nadie y por ello deviene en ficticio”, sostuvo concluyente.