Pedido al Ministerio de Salud de la Nación por precio de los medicamentos

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Como consecuencia de las injustificadas y cartelizadas subas en el precio de los medicamentos en todo el país, situación de la cual no escapa nuestra provincia y ante los reclamos y denuncias de los consumidores, desde la -Dirección de Salud y Vivienda- de la Defensoria del Pueblo se solicitó mediante una Actuación formal al actual Ministro de Salud, Prof. Dr. Adolfo Rubinstein que se adopten en los hechos y de manera urgente medidas concretas para que la totalidad de los medicamentos comercializados tengan “un precio justo”.Así como se establecieron “precios ponderados para los afiliados al PAMI que pagaran un 5% más bajo los remedios con respecto a diciembre y que se implementaría en abril”, esto pero mas jugado por la salud de la gente se debe hacer con los propietarios y responsables de los laboratorios, “denunciando el Defensor del Pueblo que estos han logrado con las ganancias abusivas manejar a su antojo el mercado local y comprar empresas en toda América, por lo cual el Gobierno Nacional  que tiene de su lado a los empresarios,  debe exigirles que apoyen a la salud publica y a los que menos tienen, bajando considerablemente el precio de los remedios de manera retroactiva a enero del presente año”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca denuncio que la suba de los medicamentos en los últimos dos años es producto de las faltas de políticas del Gobierno Nacional al no limitar las decisiones de los laboratorios que suben los precios por encima de la inflación. Es que agrego el funcionario provincial, que los laboratorios en nuestro país únicamente piensan en las ganancias y son altamente estrategas para comercializar los medicamentos, “como bienes de consumo” y esto no sucede en ningún lugar del mundo y por ello es que se le debe poner un techo al precio del medicamento y eso  haría que la gente lo pueda adquirir y también beneficiaria a los farmacéuticos, porque no son ellos los que fijan los precios. Manifestó el Defensor del Pueblo que entendemos que este Gobierno Nacional en el Área del Ministerio de Salud y en el Ministerio de Desarrollo Social, “se dejan seducir por el poder de los laboratorios y nosotros lo que estamos pidiendo en nombre de todos los consumidores formoseños y del país es que se tomen medidas duras y se fiscalicen las mismas en el tiempo de manera estricta  porque los medicamentos no son una mercancía sino que son un bien social”. Vamos a acompañar y a ayudar al Ministerio de Salud de Nación , en esta tarea si toman esta decisión y también de que controlen “como es la comercialización de las Cadenas de Farmacias en la Argentina, puesto que en Formosa han monopolizado el mercado y también en todo el NEA y NOA. Concebimos al medicamento como un “bien social” y por supuesto que el Estado se debe constituir en garante de un derecho básico que está en la Constitución nacional. La producción pública contribuye a que el medicamento adquiera varios de los atributos que debe tener para que se convierta en un bien social. De esta manera el medicamento debe poseer un precio razonable relacionado con los costos de producción. El mayor desafío que configuran los medicamentos para las políticas públicas en la Argentina no está relacionado con la disponibilidad y ni siquiera con la calidad, sino que está más relacionado con la accesibilidad del medicamento. “El precio es un determinante central en la accesibilidad del medicamento”. Así, el rol del Estado Nacional en la producción  pública de medicamentos en el mercado es fundamental, ya que al intervenir activamente en el mercado se puede achicar esa brecha entre el precio del mercado y los costos de producción.Entonces tendríamos por un lado medidas que impongan en forma inmediata precios justos y por otro lado la producción publica de medicamentos que es una de las políticas de Estado que debe existir en una estrategia sanitaria de país. Asimismo,  señalo que no puede haber una política nacional de medicamentos si no hay una política nacional de salud que la comprenda, la integre y la contenga. Posteriormente, advirtió que el medicamento es un bien social, porque la salud es un derecho humano constitucionalmente previsto, y además es el único capital que tiene el trabajador para desarrollar su actividad. “Ese capital, es decir, la salud, nos debería hacer cambiar el paradigma de lo que significa la salud neoliberal que trabaja sobre la enfermedad, y la salud, desde el punto de vista humanista, que pretende trabajar sobre el apuntalamiento de la salud y no sobre el tratamiento de la enfermedad. Así, identificó al medicamento como una de las expresiones más fuertes y contundentes, junto con la tecnología médica, que han desvirtuado el concepto sanitario en la Argentina. “La medicalización y la tecnología médica han desvirtuado la concepción profunda del acto médico y de la relación médico-paciente. Aquella relación trascendente y asimétrica que tiene un profesional médico con un paciente hoy está adulterada por la industria del medicamento y la tecnología médica”.

Los medicamentos son parte de tecnologías sanitarias que permiten devolver a un individuo la salud. La masividad de su uso ha incrementado la expectativa y calidad de vida de la población; y por ello  el precio de estos no pueden ser dejados en manos de privados y el Estado Nacional ausentarse de esta materia, ya que vemos que no hay límites para el valor de los medicamentos y si se ha decidido que se podría bajar el precio de 6.000 medicamento a través de Acuerdos a favor del PAMI, es justo y necesario que se hagan con todos los medicamentos que se producen en nuestro país para el universo de la población. En lo que podríamos coincidir es que en la fase de producción y comercialización el medicamento puede ser considerado un bien privado dado que se rige por las normas de propiedad intelectual. “Ahora en lo que respecta a su acceso y su uso por parte de la población es a todos los efectos un bien social y que debe estar al alcance de cualquiera para garantizar la salud de la población.”

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