Plantean al gobierno nacional fiscalizar a formadores de precios

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El INDEC difundió los datos de inflación del 2017, llegando la del mes de diciembre a un 3,1% con lo cual el país cerró el año que pasó con una inflación de 24,8%, casi ocho puntos más que la meta inflacionaria establecida para 2017 por el Banco Central de la Republica Argentina.

“Todos los sectores registraron aumentos el año pasado, principalmente los de construcción, agua, electricidad, gas, combustibles (55,6 %), comunicaciones (34,1 %),  educación (31,5), medicina prepaga, costos de los alquileres, equipamiento del hogar, transporte  y otros. La inflación en el país superó así la meta anual más alta del Banco Central de la República Argentina, que preveía un IPC de entre el 12 % y el 17 % para 2017.

Desde la Defensoría del Pueblo,  se afirmo que la meta anual de un 15% para este año, de un 10% para el 2019 y de un 5% para el 2020 serán lamentablemente de cumplimiento casi imposibles, ya que en este mes de enero se produjeron aumentos en el transporte, peajes,  que inciden directamente en el -valor de flete- que pagamos los consumidores por todos los productos alimenticios, bienes y servicios que adquirimos de los comercios y además la devaluación del peso impactan directamente sobre aquellos productos como los medicamentos que se fabrican en Argentina pero que tienen componentes importados y como si fuera poco también incide sobre todo lo que se importa desde el exterior, agravando esta situación, – por la apertura indiscriminada de bienes fabricados en otros países y cuyos precios comercializados en la Argentina no pueden competir con los producidos por nuestras PyMES.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca denunció que “los consumidores son nuevamente tomados por el Gobierno Nacional como la variable de ajuste ya que se han decidido concretar todos los aumentos durante este año en el cual no hay elecciones en nuestro país y ello implica especular perversamente sobre las necesidades básicas de los sectores mas vulnerables como lo son los jubilados, pensionados y asalariados públicos y privados”.

Por otro lado el funcionario provincial también denunció que “al dejarse libre los precios del combustible en la Argentina y en provincias como la nuestra alejados de los grandes centros de producción,la logística incide mucho en la estructura de los valores de los alimentos y por ello la inflación regional del NEA, esto es el índice de precios al consumidor ( IPC), con información de todo el país da varios puntos por encima de ese 24,8% que puede servir solamente de referencia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias del centro de nuestro país”.

Es en este contexto que el Organismo de la Constitución le solicito en forma urgente al ministro de Finanzas, Luis Caputo y de Hacienda, Nicolas Duvjovne y obviamente al Secretario de Comercio, Miguel Braun, “se implementen controles estrictos contra todas y las pocas empresas formadoras de precios en nuestro país, pues no estamos pidiendo que se fiscalicen los precios de los almacenes de barrio o de los pequeños comercios como carnicerías, verdulerías pero si sobre las 5 grandes cadenas de supermercados que trabajan en todo el país”.

El Organismo de la Constitución advierte que “la espiral inflacionaria para los meses de febrero y marzo no disminuirán y se continuara incrementando como consecuencia del sistema de libre mercado, donde el problema grave que existe en la actualidad, es que no hay competencia alguna, dado que todas los empresas alimentarias son monopólicas y programas como “Precios Cuidados” no funcionan debidamente, con lo cual tendremos que ineludiblemente aumentaran los indigentes, la pobreza y la calidad de vida de lo que queda de la clase media y obviamente todo esto se aplica directamente en mercados locales como el de Formosa con mayor fuerza, donde siempre todo es más caro debido a diferentes factores, perdiendo el consumidor progresivamente su capacidad adquisitiva”.

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