Advierten que el programa “Incluir Salud” se encuentra desfinanciado por el gobierno nacional

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Las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez son beneficios que se conceden desde el Estado a aquellas personas que padecen una discapacidad -mayor al 75%- y requieren una ayuda económica porque carecen de trabajo. Además de tener derecho al cobro de este, se le descuenta una suma de dinero para acceder a un programa conocido como Incluir Salud.

 El programa anteriormente llevaba el nombre de PROFE- y estaba bajo control del Ministerio de Salud de la Nación. En la actualidad, se encuentra bajo la órbita de -Agencia Nacional de Discapacidad-. Este plan nacional de salud busca garantizar que todos aquellos titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención sanitaria de alta calidad y que cumpla con todas sus necesidades. Entre otros servicios, el Plan tiene como meta garantizar a los titulares el acceso a los medicamentos del Plan Médico Obligatorio (PMO) y a los de alto costo, como los fármacos oncológicos, por ejemplo. Asimismo, tiene como objetivo facilitar la incorporación a dispositivos de rehabilitación e inclusión, al tiempo que quiere garantizar el acceso de los pensionados a tratamiento dialítico crónico y a la realización de trasplantes. Además de la población discapacitada que cobre una PNC, el beneficio va dirigido a tres grupos de personas específicos. Por un lado, a todos aquellos que sean titulares de pensiones asistenciales -madres con siete hijos o más, personas con discapacidad por invalidez laboral y mayores de 70 años en situación de pobreza. 

A la vez, incluye a los beneficiarios de pensiones por leyes especiales ex-combatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, entre otros. Por último, quienes cobren pensiones graciables también tienen acceso a este plan, es decir, todas aquellas personas designadas por legisladores del Congreso Nacional. Dada la fuerte desfinanciación por parte del Gobierno Nacional a este Programa, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sede de la Defensoría del Pueblo a la cual, comparecieron: la Coordinadora del Programa Incluir Salud (Ex Profe) UGP Formosa: Dra. Juana María Canteros; el Responsable del Área Legal: Dr. Benicio Blanco; el del Área Contable: Cr. Hugo Rodolfo Dambra y la del Área PACBI (Prestación de alto costo y baja incidencia): Farmacéutica Diana Recalde.

 Los mismos fueron recibidos por el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, la Dra. Sylvina Portillo y los Asesores Letrados: Dra. Carolina E. Ruiz Diaz y Dr. Daniel Lezcano. La reunión permitió tomar conocimiento del circuito de los pedidos médicos y los motivos de los atrasos en el cumplimiento de dichas prestaciones. Canteros aclaró que se trata de un Programa Nacional de Salud dependiente de la Agencia de Discapacidad, que a su vez depende de la Vicepresidencia de la Nación y no una obra social, por lo que los beneficiarios son personas que poseen una PNC descontándosele al titular la suma de $137,00, pudiendo ser adherentes el conyugue y sus hijos menores. El Programa está obligado, ante las personas con discapacidad a la cobertura integral del 100% de todos los gastos de salud, conforme lo establecido por Ley Nacional de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad Nº 24.091. El mismo se ejecuta en la Provincia de Formosa en el marco del Convenio Nación-Provincia, suscripto a través del MDH, contando actualmente con 40.233 beneficiarios, cumpliéndose la atención médica a través de efectores públicos. Desde Nación los ingresos provienen de un pago –per cápita– de $280 y un -extra cápita- por un monto igual, y en el caso de los tratamientos de alto costo se efectúa por sistema de reintegro y también por cuenta y orden para once (11) medicamentos. El área contable y el área -PACBI- señalaron que las dificultades que se presentan actualmente son fundamentalmente económicas por las siguientes razones: a) Los valores de las prestaciones superan lo percibido para afrontarlos, cubriéndolos a través del presupuesto provincial; b) Recorte de prestaciones médicas por parte de Nación, traspasando a la Provincia los gastos, como diálisis, radioterapia y transporte a los centros de rehabilitación crónico y agudo; c) Las exigencias por parte de Nación en la presentación de documentaciones, como ser historias clínicas, informes y estudios médicos, etc. a cumplimentar por el beneficiario para obtener el reintegro y también por cuenta y orden, existiendo gran cantidad de rechazos, que impacta en lo ingresado -per cápita-; d) La falta de regularización de las transferencias per cápita y extra cápita que debe ser mensual y se hace cada tres meses aproximadamente los reintegros y por cuenta y orden que se perciben a 120 días de la facturación, repercutiendo negativamente en la adquisición de medicamentos, que en su mayoría son de alto costo, debiéndose recurrir a un reducido número de prestadores (por la falta de interés en contratar con el Programa) que se encuentran fuera de la provincia, cotizando en dólares y se efectivizan los pagos mediante entrega en efectivo. Por último, ambas partes, coordinaron mantener una comunicación ágil y fluida entre ambas instituciones, a fin de dar respuestas rápidas y efectivas a los reclamos de los beneficiarios que se presenten en la Defensoría del Pueblo.

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